Reunió a cerca de 170 operadores de justicia de 50 jurisdicciones eclesiásticas de Colombia, junto con delegaciones de Perú, Ecuador y Venezuela.
El encuentro fortaleció la formación permanente de quienes sirven en los tribunales eclesiásticos y reafirmó que la administración de justicia en la Iglesia constituye una auténtica acción pastoral al servicio de las personas, las familias y la misión evangelizadora.
La justicia en la Iglesia no se limita a la aplicación de normas o a la resolución de procesos jurídicos. Su razón de ser es servir al Pueblo de Dios, proteger los derechos de los fieles y acompañar, con verdad, justicia y caridad, las diversas realidades humanas que se presentan en la vida eclesial. Con esa convicción se desarrolló la VIII Jornada de Actualización en Derecho Canónico Matrimonial y Penal, un espacio de formación que reunió en Bogotá a cerca de 170 operadores de justicia de Colombia y otros países de la región.
Organizada por el Tribunal Eclesiástico de Apelación para Colombia, en alianza con la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) y la Pontificia Universidad Javeriana, la jornada convocó a vicarios judiciales, jueces, defensores del vínculo, promotores de justicia, notarios, abogados y demás colaboradores de los tribunales eclesiásticos de 50 jurisdicciones de Colombia, así como a representantes de Perú, Ecuador y Venezuela.
El encuentro fue promovido por el Tribunal Eclesiástico de Apelación para Colombia, organismo constituido por la Santa Sede en 1967 y en funcionamiento desde 1970, que conoce las apelaciones provenientes de la mayoría de los tribunales eclesiásticos del país y tiene, entre sus responsabilidades, favorecer la unidad de la jurisprudencia canónica y fortalecer la formación permanente de quienes administran la justicia en la Iglesia.
El Derecho Canónico, un servicio para la vida de la Iglesia
Uno de los mensajes centrales de la jornada fue redescubrir el verdadero sentido del Derecho Canónico. Lejos de constituir únicamente un conjunto de normas, representa un instrumento indispensable para ordenar la vida eclesial, proteger los derechos de los fieles y favorecer el cumplimiento de la misión que Cristo confió a la Iglesia.
Así lo explicó monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de Neiva y presidente del Tribunal Eclesiástico de Apelación para Colombia, al establecer un paralelo entre el derecho civil y el derecho canónico.
Mientras el primero busca garantizar el bien común dentro de la sociedad, el segundo cumple esa misma función en la vida de la Iglesia, aunque con un horizonte propio: contribuir a su misión evangelizadora y al bien espiritual de los fieles.
"El derecho civil busca el bien común de la sociedad. El Derecho Canónico también busca el bien común, pero orientado a la misión propia de la Iglesia."
El prelado recordó, además, que el propio Código de Derecho Canónico establece el fin último de toda la actividad jurídica eclesial.
"El último de los cánones dice cuál es la finalidad de todo el derecho: la salvación de las almas. El derecho nos ayuda a entender lo que mínimamente debemos hacer; después viene la caridad, que nos lleva mucho más allá."
Desde esta perspectiva, explicó que la administración de la justicia eclesiástica constituye un verdadero servicio pastoral, pues busca que las decisiones jurídicas contribuyan siempre al bien de las personas, de las familias y de toda la comunidad eclesial.
Una justicia que también es pastoral
Ese mismo horizonte fue desarrollado por monseñor Felipe Heredia Esteban, prelado auditor del Tribunal Apostólico de la Rota Romana y principal conferencista de la jornada, quien compartió con los participantes la experiencia del máximo tribunal ordinario de apelación de la Santa Sede.
Durante sus intervenciones insistió en que la actividad judicial de la Iglesia no puede entenderse separada de su acción evangelizadora.
"Todo lo que es judicial es pastoral y todo lo que aquí se ha hecho tiene una repercusión pastoral inmediata en la vida de los fieles, en la vida de las familias y de los clérigos."
Su reflexión permitió comprender que cada proceso canónico involucra historias concretas de personas que esperan ser escuchadas, acompañadas y atendidas con justicia, pero también con sensibilidad pastoral. En este sentido, la aplicación del Derecho Canónico no se reduce al cumplimiento de procedimientos, sino que busca ofrecer respuestas que protejan la dignidad de las personas y contribuyan a la comunión eclesial.
La presencia de un auditor de la Rota Romana permitió además acercar a los participantes a la jurisprudencia más reciente de la Santa Sede y dialogar sobre su aplicación en las Iglesias particulares, favoreciendo una mayor armonía en la administración de la justicia eclesiástica.
Formarse para responder a los desafíos del presente
Las conferencias y espacios de diálogo abordaron algunos de los principales desafíos que hoy enfrenta la justicia canónica: las causas de nulidad matrimonial, el Derecho Penal Canónico, la protección de menores y personas vulnerables, la atención a las víctimas, la evolución de la jurisprudencia y otros aspectos que interpelan diariamente el trabajo de los tribunales eclesiásticos.
Para el padre Omar Enrique Cristancho Gómez, vicario judicial del Tribunal Eclesiástico de Apelación para Colombia, esta actualización permanente resulta indispensable para que el Derecho Canónico responda a las nuevas realidades sociales y eclesiales.
"Queremos que el Derecho Canónico sea visto como una realidad cercana a la vida del hombre de hoy y de la familia. Desde el derecho podemos iluminar aquellos contextos donde la vida matrimonial enfrenta grandes desafíos."
Asimismo, destacó que estos espacios favorecen el intercambio de experiencias entre los distintos tribunales y fortalecen el servicio que la Iglesia presta en todo el país.
Una experiencia de comunión al servicio del Pueblo de Dios
Otro de los aspectos destacados durante la jornada fue el intercambio de experiencias entre operadores de justicia provenientes de distintas regiones y países.
Monseñor Felipe Heredia subrayó que este diálogo constituye una expresión concreta de la sinodalidad promovida por la Iglesia.
"Este encuentro ha sido muy beneficioso porque, en realidad, esto es la sinodalidad: el intercambio de experiencias y de conocimientos al servicio del Pueblo de Dios."
Esa valoración fue compartida por los participantes. María Fernanda Lugo Caicedo, abogada de la Diócesis de Chiquinquirá, destacó que los contenidos abordados responden directamente a las necesidades actuales de las Iglesias particulares.
"Son temas importantes y demasiado actuales para nuestras realidades. Me llevo herramientas para fortalecer la cultura del cuidado y seguir acompañando mejor a mi diócesis."
Por su parte, Rosario Carvajal Arizmendi, presidenta del Colegio de Canonistas de Colombia, y el abogado Daniel Chamorro coincidieron en que la jornada fortaleció tanto la actualización jurídica como la comunión entre quienes sirven en los tribunales eclesiásticos.
Una formación que fortalece la misión evangelizadora
Más allá de los conocimientos técnicos adquiridos, la VIII Jornada de Actualización en Derecho Canónico Matrimonial y Penal dejó una convicción compartida: la administración de la justicia eclesiástica constituye una dimensión esencial de la misión pastoral de la Iglesia. Por ello, la formación permanente de quienes ejercen este servicio no solo fortalece el trabajo de los tribunales eclesiásticos, sino que redunda en una mejor atención a las personas que acuden a la Iglesia buscando verdad, discernimiento y justicia.
Vea a continuación el informe audiovisual con los momentos y testimonios más destacados:
