1. Los Obispos miembros de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal de Colombia, reunidos en Bogotá del 3 al 4 de septiembre, deseamos ofrecer algunas orientaciones éticas y morales a los fieles católicos y a los ciudadanos de buena voluntad para que ejerzan, con la debida libertad y con rectitud de consciencia, su derecho/deber a elegir a los futuros gobernantes locales y regionales de nuestro país.
2. Las próximas elecciones, que se celebrarán el domingo 25 de octubre, revisten una gran importancia para el futuro de nuestra nación. En efecto, el anhelo de paz y de reconciliación del pueblo colombiano debe traducirse en un esfuerzo integrado de las autoridades nacionales, regionales y locales para elaborar y poner en práctica una política integral de paz y reconciliación que logre dar respuesta eficaz a las causas estructurales que dan origen a las múltiples formas de injusticia y de violencia que sufre nuestro país.
3. Sin lugar a dudas, entre esas causas, la corrupción ocupa un lugar preponderante. Ella es la principal enemiga de la justicia y de la paz constituyéndose en un atentado sistemático contra el bien común. Entre las causas de la corrupción señalamos entre otras: el alto índice de impunidad que registran los delitos contra los recursos públicos, la cultura de ilegalidad que afecta a nuestra sociedad y su clase dirigente, la falta de controles eficaces y de mayores facilidades para ejercer la veeduría ciudadana sobre estos recursos. Gracias a estas favorables circunstancias, la corrupción se ha convertido en una enfermedad endémica del Estado que contagia a la actividad privada y causa grave daño a la cultura de la legalidad y al desarrollo económico y social de nuestro país: un porcentaje importante de los recursos públicos, que deberían ser invertidos en el bienestar integral de las comunidades y de los ciudadanos más desfavorecidos, sigue siendo sometido al servicio de mezquinos intereses, corruptos y corruptores.
Con gran preocupación, los Obispos de Colombia, hemos ya advertido a la opinión pública en el pasado sobre la existencia “de una anticultura política, caracterizada por el abuso de poder, el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito, el nepotismo, la existencia de coimas, la vinculación de la clase política con grupos ilegales, la falta de transparencia en la contratación pública y otros numerosos hechos, delictivos e inmorales, que afectan gravemente la credibilidad y la eficacia de las instituciones del Estado” (cfr. CEC, Comisión Permanente, Declaración sobre la corrupción y la crisis del sector salud, 2 de mayo de 2013).
4. A pesar de los esfuerzos realizados, la corrupción sigue haciéndose presente también en el proceso electoral. Denunciamos, una vez más, algunas circunstancias que amenazan la transparencia democrática de los próximos comicios: los intentos de las maquinarias por mantener a algunas fuerzas políticas en el poder, la compra y venta de votos, el trasteo de votos y/o de votantes, las coacciones sobre los votantes y las presiones de los grupos armados en algunas regiones del país. Hechos todos, delictivos y pecaminosos, que deben ser repudiados por la ciudadanía.
En ese contexto, hacemos un llamado a todos los colombianos a oponerse heroicamente a estas eventuales presiones para ser veedores de la transparencia del proceso democrático, denunciando –ante las autoridades competentes- todas las posibles irregularidades que puedan presentarse.
5. Las próximas elecciones son una oportunidad para avanzar en la urgente reforma ética de la política colombiana. Los católicos y ciudadanos de buena voluntad, al ejercer su derecho/deber al sufragio, deben sentirse moralmente responsables de votar sólo por aquellos candidatos que brinden las necesarias garantías de probidad moral, de honestidad y de transparencia en el ejercicio de sus funciones.
Se hace por eso necesario el discernimiento y el debido conocimiento de los programas de gobierno y de la trayectoria de vida de los candidatos. Sólo así, los colombianos podremos garantizar que nuestros futuros gobernantes sean personas idóneas y capaces de gobernar en beneficio del “bien común”, no del bien propio, y con independencia frente a las presiones de los corruptos, de las maquinarias políticas y de los grupos ilegales.
6. A los gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles que serán elegidos en los próximos comicios electorales, los invitamos a trabajar a favor de la reconciliación y la paz de los colombianos, favoreciendo políticas de equidad y justicia social, posibilitando así la solución de las causas estructurales de la violencia.
7. Finalmente, invitamos a todos los colombianos a orar por nuestro país, para que alcancemos el don tan anhelado de la paz, de la justicia y de la reconciliación. Dios nos acompañe y nos bendiga en este arduo camino.
+ Luis Augusto Castro Quiroga
Arzobispo de Tunja
Presidente de la Conferencia Episcopal
